La reforma del artículo 49 de la Constitución española
Un avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad
El artículo 49 de la Constitución española, que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad, ha sido objeto de una reforma que busca adaptarlo a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008. La reforma, que fue aprobada, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por el Congreso de los Diputados y el Senado, tras más de 6 años de reivindicaciones del movimiento social de la discapacidad, y supone un cambio de paradigma en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.
Contenido de la reforma
El texto, de este articulo 49 de nuestra Constitución Española, antes decía: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”
La reforma del artículo 49 implica una modificación tanto de su título como de su texto. El título pasa de “De los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” a “De las personas con discapacidad”.
El objetivo de la reforma del artículo 49 es adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y eliminar cualquier terminología peyorativa o discriminatoria hacia las personas con discapacidad, que se empleaba en el texto original.
La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 15 de febrero de 2024. Y aprobada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de febrero de 2024. La reforma supone un avance histórico para el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
Algunos de los beneficios que la reforma del artículo 49 aporta a las personas con discapacidad son:
• Se sustituye el término “disminuido” por “persona con discapacidad”, lo que implica un cambio de paradigma desde el modelo médico al modelo social de la discapacidad, que reconoce que las barreras sociales y ambientales son las que limitan la participación de las personas con discapacidad, no su condición individual.
• Se elimina la referencia a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se establece que tienen derecho a actuar en condiciones de igualdad con las demás personas, respetando su voluntad y preferencias. Esto implica que se garantiza el derecho a la autodeterminación y se evita la discriminación por motivos de discapacidad.
• Se introduce el principio de accesibilidad universal como un requisito para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que implica que se deben eliminar las barreras físicas, sensoriales, cognitivas, comunicativas, digitales o de cualquier otro tipo que dificulten el acceso a los bienes y servicios públicos y privados. • Se reconoce el derecho a la educación inclusiva, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, lo que implica que se deben facilitar los apoyos necesarios para que puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones con las demás personas.
Implicaciones de la reforma
La reforma del artículo 49 supone un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, al reconocerlas como sujetos de derecho plenos y no como objetos de protección o asistencia. Además, elimina el término “disminuido”, que tiene una connotación peyorativa y estigmatizante, y lo sustituye por “persona con discapacidad”, que respeta la diversidad funcional y la identidad de este colectivo. Por otro lado, la reforma incorpora los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el respeto a la dignidad, la autonomía, la capacidad jurídica, la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad, la participación y la inclusión. Estos principios orientarán la actuación de los poderes públicos y de la sociedad en general para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La reforma del artículo 49 ha contado con el apoyo y la implicación de diversas organizaciones y entidades del tercer sector y del Grupo Social ONCE, que han impulsado una campaña de sensibilización y movilización ciudadana para reclamar el cambio constitucional. Dicha campaña se denominó “Cermi, por una Constitución inclusiva” y se basó en la recogida de firmas, la difusión de mensajes en redes sociales, la celebración de actos públicos y la presentación de propuestas legislativas.
La recogida de firmas para modificar el artículo 49 fue iniciada por el CERMI, en el año 2017, y logró reunir más de un millón de firmas de ciudadanos y contó con el respaldo de personalidades del ámbito político, cultural, deportivo y social. El CERMI es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, que agrupa a casi 8.000 asociaciones y entidades.
A pesar de la reforma del artículo 49, aún quedan muchos retos y desafíos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad española. Algunos de estos desafíos son: mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, garantizar el acceso a la educación, el empleo, la salud, la cultura, el ocio y los servicios sociales, promover la accesibilidad universal y el diseño para todos, fomentar la participación ciudadana y política, combatir el estigma y la discriminación, y asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención Internacional.
A pesar de la reforma del artículo 49, aún quedan muchos retos y desafíos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad española. Algunos de estos desafíos son: mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, garantizar el acceso a la educación, el empleo, la salud, la cultura, el ocio y los servicios sociales, promover la accesibilidad universal y el diseño para todos, fomentar la participación ciudadana y política, combatir el estigma y la discriminación, y asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención Internacional.
